Gobierno de Trump cancela millones en financiación para refugiados, inmigrantes detenidos y otros servicios
Por Kit Maher, CNN
El Gobierno de Trump está avanzando con la cancelación de fondos por US$ 810 millones asignados por el Congreso para refugiados, inmigrantes y otros servicios que considera innecesarios, según un portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto.
En lo que se conoce como una “rescisión de bolsillo”, el paquete de recortes propuestos, enviado por Trump al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una carta de notificación, incluye propuestas de rescisión en los Departamentos de Comercio, Educación, Salud y Servicios Humanos, Seguridad Nacional, Vivienda y Desarrollo Urbano y el Departamento de Justicia. Varios de los recortes afectan a programas de asistencia internacional.
La Casa Blanca argumenta que el presidente Donald Trump está apuntando al “gasto público más perjudicial”, aunque algunos legisladores critican la medida como un “veto ilegal a partidas presupuestarias” que elude la autoridad del Congreso. Una vez presentadas las rescisiones por la Casa Blanca, los fondos quedan suspendidos mientras el Congreso tiene 45 días para actuar. Sin embargo, dado que el año fiscal finaliza el 30 de septiembre, los fondos quedarían, en esencia, cancelados.
Una de las propuestas de rescisión busca cancelar US$ 10 millones de los US$ 50 millones destinados a los programas de la Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias (MBDA, por sus siglas en inglés), fondos que, según el Gobierno de Trump, se asignaron con “fines inconstitucionales basados en la raza”.
“Los programas de subvenciones de la MBDA otorgan fondos a empresas en función de la raza de sus beneficiarios. Los programas divisivos y discriminatorios son la esencia de la misión de la MBDA, razón por la cual la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2027 propuso eliminar la agencia”, señala la carta de notificación.
Otro recorte cancela US$ 567 millones de la cuenta de Asistencia para Refugiados y Recién Llegados, que financia los programas de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).
La Casa Blanca argumentó que la oficina está “sobrefinanciada”, dado que las políticas fronterizas de Trump han reducido los cruces en la frontera. Los refugiados suelen ingresar a Estados Unidos tras exhaustivas verificaciones de antecedentes a través de una red de organizaciones no gubernamentales que colaboran con el Departamento de Estado.
Algunas de las rescisiones retiran fondos del DHS, incluidos los US$ 15 millones destinados al Programa Piloto de Gestión de Casos Alternativos a la Detención, que ofrece servicios de gestión de casos a personas bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pero que no están detenidas. El Gobierno argumentó que esta medida “eliminaría gastos innecesarios y superfluos”. Otros US$ 10 millones se recortarían del programa de subvenciones para la Ciudadanía e Integración del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es ayudar a los residentes permanentes legales a aprender inglés y sobre la historia de Estados Unidos en su camino hacia la ciudadanía estadounidense. El Gobierno de Trump afirmó que el DHS “ya ha suspendido” el programa y “ha cancelado subvenciones otorgadas en años anteriores”.
La senadora republicana Susan Collins declaró en una publicación en X que la reducción presupuestaria “demuestra que la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) retuvo intencionalmente estos fondos durante meses para ejecutar esta cancelación ilegal de asignaciones que fueron aprobadas con apoyo bipartidista y promulgadas como ley”.
“Cualquier intento de rescindir fondos asignados sin la aprobación del Congreso constituye una clara violación de la ley”, escribió Collins. “Trabajaré con mis colegas para abordar estas acciones ilegales”.
Calificando las reducciones de fondos parciales como un “veto ilegal a partidas presupuestarias”, el senador demócrata Jeff Merkley instó a sus colegas republicanos a considerar cómo se sentirían si un presidente demócrata hiciera lo mismo.
“Está cancelando las partidas de gasto que no le gustan. Esto viola la separación de poderes fundamental consagrada en nuestra Constitución, según la cual es el Congreso, no el presidente, quien decide qué programas se diseñan y a qué nivel se financian”, afirmó Merkley.
Pero esta no es la primera vez que la Casa Blanca cancela fondos que el Congreso ya había aprobado.
La Casa Blanca elogió el uso que hizo Trump de “facultades presidenciales largamente olvidadas”, también a través de la Ley de Control de Retención de Fondos, para cancelar US$ 4.900 millones en ayuda exterior mediante una reducción de fondos parcial el año pasado. Jimmy Carter fue el último presidente en hacerlo en 1977.
La Casa Blanca defendió su intento de recuperar los fondos asignados.
“El año pasado, el presidente Trump dio el paso histórico de utilizar facultades presidenciales largamente olvidadas, otorgadas en virtud de la Ley de Control de Retención de Fondos, para implementar la primera ‘rescisión de bolsillo’ en 50 años. Este año, continúa su compromiso con el contribuyente estadounidense al utilizar una rescisión de bolsillo para cancelar otros casi US$ 1.000 millones en gasto público más perjudicial”, declaró la Casa Blanca en un comunicado.
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Con información de Arlette Saenz y Phil Mattingly, de CNN.
