Trump ordena a contratistas federales que coordinen con la Casa Blanca las solicitudes de información del Congreso
Por Logan Schiciano, CNN
El presidente Donald Trump ordenó a los contratistas federales que notifiquen a la Casa Blanca sobre cualquier solicitud de información del Congreso relacionada con su trabajo y que coordinen sus respuestas con el Gobierno, una medida que se produce mientras los demócratas se preparan para iniciar investigaciones sobre su gobierno el próximo año.
Un decreto firmado por el presidente el viernes establece que los contratistas deben “acatar cualquier instrucción recibida de la Casa Blanca y de la agencia contratante relacionada con la retención de comunicaciones que la Casa Blanca o la agencia hayan determinado que están protegidas por el privilegio ejecutivo”.
“Si el poder Ejecutivo no tiene la garantía de que dichas comunicaciones permanecerán confidenciales, las agencias y la Casa Blanca se abstendrán de compartir información sensible con los contratistas, lo que obstaculizará el funcionamiento de programas gubernamentales críticos”, argumenta el decreto.
El decreto advierte a los contratistas que sus acuerdos con el gobierno federal podrían rescindirse si no cumplen con sus directrices.
Asimismo, acusa a ciertos líderes del Congreso de “acosar a empresas privadas que tienen contratos con el gobierno federal” para obtener información y les recuerda que sus investigaciones deben tener un “propósito legislativo válido”.
El representante de Maryland, Jamie Raskin, quien está previsto que presida la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes cuando los demócratas asuman el control en enero, calificó el decreto de “sin precedentes y flagrantemente ilegal”.
“A los contratistas federales se les paga con el dinero de los contribuyentes, no con los miles de millones personales de Trump”, dijo Raskin en un comunicado este sábado. “Los contratistas públicos tienen tanto el deber como el derecho de hablar con la verdad cuando el Congreso los convoca, y el Congreso tiene el deber de investigar y erradicar todo el despilfarro, el fraude, los sobornos, las extorsiones y la corrupción que asfixian al gobierno y elevan los costos. Tras dos años de republicanos del movimiento MAGA en el Congreso confabulándose con Trump Inc., llega el momento de la rendición de cuentas y del Estado de derecho”.
Los demócratas han considerado investigar las obras ordenadas por Trump en Washington, incluida la construcción del salón de baile de la Casa Blanca, las reparaciones del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y las renovaciones previstas para el Centro Kennedy.
El senador Richard Blumenthal, quien presidirá un importante panel de investigación del Senado, envió cartas a principios de este mes a varias empresas solicitándoles que cooperaran con una investigación prevista sobre el salón de baile. El senador de Connecticut había solicitado previamente a la empresa constructora encargada del proyecto información sobre el costo estimado del salón y cómo fue seleccionada para realizar la obra.
Los demócratas también han declarado que buscarán abordar el gran volumen de contratos que el Departamento de Seguridad Nacional ha otorgado durante el segundo mandato de Trump.
“Una vez que tengamos el control, podremos hacer mucho más para establecer mecanismos de supervisión”, dijo a CNN el representante Henry Cuellar, el miembro de mayor rango de la subcomisión de Asignaciones para Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, refiriéndose a someter los fondos a la supervisión de su comisión.
Aunque todavía son minoría en el Congreso, los demócratas han intentado investigar la controvertida compra de aviones y los contratos del departamento para apoyar las operaciones de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así como los contratos para la construcción de tramos adicionales del muro fronterizo en el Parque Nacional Big Bend.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) también fue objeto de escrutinio el año pasado después de que ProPublica informara que una empresa dirigida por el esposo de la portavoz principal de la agencia, Tricia McLaughlin, fue subcontratada para producir una campaña publicitaria para el departamento en un acuerdo valorado en US$ 200 millones. McLaughlin declaró a ProPublica en aquel momento que el DHS no tenía conocimiento de qué subcontratistas habían sido seleccionados y que ella se había apartado del proceso debido a un conflicto de intereses.
La directriz emitida el viernes constituye la última instrucción de la Casa Blanca ante las investigaciones previstas por los demócratas. La semana pasada, el asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, redactó un memorando en el que establecía que las agencias y departamentos del poder ejecutivo del Gobierno de Trump deben obtener la autorización de la Casa Blanca antes de que cualquier miembro de su personal acepte testificar ante el Congreso.
En un sentido más amplio, la Casa Blanca ha adoptado una postura combativa frente a la supervisión prevista del Gobierno. La semana pasada, Scharf escribió al representante Robert García —próximo presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes— afirmando que el Gobierno “no se dejará extorsionar ni intimidar por procesos ilegítimos motivados por animosidad, mezquindad, odio o cualquier otro motivo ilícito destinado a intimidar, sancionar o interferir en el funcionamiento legal del gobierno”.
En una carta aparte dirigida a los líderes demócratas de las comisiones, Scharf afirmó que los funcionarios del Gobierno de Trump no están obligados a cumplir con las exigencias de conservar o entregar documentos, debido a la actual condición de minoría parlamentaria de dichos demócratas.
Por otra parte, un destacado legislador demócrata advirtió el viernes que el Congreso retendrá la financiación pública destinada a los sistemas desarrollados por SpaceX, empresa de Elon Musk, si el Gobierno de Trump y el multimillonario tecnológico se niegan a revelar quién ordenó ralentizar el servicio de satélites Starlink de uso militar en Ucrania, un asunto que podría ser objeto de otra investigación el próximo año.
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