La hipocresía del equipo de Trump alcanza nuevos niveles con una carta de advertencia a los demócratas
Análisis de Aaron Blake, CNN
Tras años en los que los republicanos hicieron esfuerzos extraordinarios para politizar la supervisión del Congreso y atacar a los enemigos del presidente Donald Trump, su Gobierno lanza ahora severas advertencias a los demócratas para que no politicen esa supervisión con el fin de atacar a Trump y a su entorno.
En dos ocasiones recientes, el Gobierno ha lanzado advertencias iniciales notables de cara a las inminentes disputas por las investigaciones entre el Ejecutivo y el Congreso entrante, controlado por los demócratas.
Durante una entrevista en CNN el domingo, el secretario de Justicia, Todd Blanche, dejó abierta la posibilidad de que el Departamento de Justicia procese a legisladores demócratas que amenacen con investigar a funcionarios del Gobierno de Trump con un celo excesivo.
Y este miércoles, el abogado de la Casa Blanca, Will Scharf, envió una carta en la que advertía a la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre las próximas investigaciones y afirmaba que el Gobierno “no se dejará extorsionar”.
Ambas acciones resultan particularmente hipócritas, dada la reciente historia de republicanos que utilizaron el poder gubernamental para atacar a los adversarios de Trump de formas con pocos precedentes, si es que hay alguno, en la época moderna.
En la carta de este miércoles dirigida al próximo presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, Robert Garcia, Scharf advierte que la supervisión de los demócratas “debe contribuir a una tarea legislativa legítima”, en lugar de intentar desempeñar las funciones de procesamiento penal de los poderes Ejecutivo y Judicial.
Menciona la posibilidad de un “procedimiento ilegal motivado por animosidad, mezquindad, odio o cualquier otro motivo ilícito”. También cita “amenazas abusivas y caprichosas” de legisladores demócratas.
(Garcia, demócrata de California, respondió que la Cámara “no se dejará disuadir por amenazas infundadas de un Departamento de Justicia utilizado como arma política ni de los abogados del presidente”).
La carta de Scharf se hace eco de los comentarios de Blanche del domingo. Después de que Trump publicara en redes sociales que las amenazas de investigación de los demócratas equivalían a una “extorsión al más alto nivel”, Blanche dejó abierta la posibilidad de que los demócratas fueran procesados por ello.
Blanche citó el breve mensaje que Garcia dirigió al Gobierno la noche de las elecciones: “BUSQUEN ABOGADOS”.
“Si eso no le molesta a usted, si eso no molesta a sus espectadores, entonces realmente tenemos que despertar en este país, porque a mí ciertamente me molesta”, dijo Blanche a Dana Bash, de CNN.
No obstante, Trump y sus aliados han lanzado numerosas amenazas muy similares contra los demócratas en los últimos años:
- En 2023, Kash Patel, actual director del FBI, advirtió: “Vamos a ir tras las personas de los medios que mintieron sobre ciudadanos estadounidenses, que ayudaron a Joe Biden a amañar elecciones presidenciales; vamos a ir tras ustedes”.
- Ed Martin, entonces funcionario del Departamento de Justicia de Trump, difundió en mayo de 2025 una publicación que decía: “Busquen abogados, demócratas que utilizan la justicia como arma política”.
- En octubre de 2025, el senador republicano de Missouri Eric Schmitt instó a las personas mencionadas en la investigación “Arctic Frost” a “buscar abogados”.
- En enero, el actual presidente republicano de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, le dijo al gobernador de Minnesota, Tim Walz, que “buscara abogados” por un fraude ocurrido durante su gestión en el estado.
Sin embargo, quizás lo más importante sea esto: el Gobierno perdió hace mucho tiempo la autoridad moral para cuestionar las “amenazas abusivas y caprichosas” de investigaciones “motivadas por animosidad, mezquindad, odio”.
El propio Trump ha atacado a numerosos adversarios políticos, a menudo por supuestas infracciones inexistentes o sustentadas en argumentos débiles. Y ha reconocido reiteradamente que no puede dejar de lado su odio hacia sus enemigos, incluso en una entrevista de “60 Minutes” emitida el fin de semana pasado.
Una investigación de Reuters de noviembre de 2025 reveló que, en menos de un año de su segundo mandato, Trump había tomado represalias contra al menos 470 personas, organizaciones e instituciones.
Resulta revelador que su Gobierno haya puesto bajo la lupa a los responsables de prácticamente todas las investigaciones y causas judiciales importantes contra Trump.
Además, en un momento dado, el presidente indicó explícitamente que su objetivo no era la rendición de cuentas, sino la “venganza”.
“Para quienes han sido agraviados y traicionados, yo soy su venganza”, dijo en marzo de 2023.
Su Departamento de Justicia ha emprendido con frecuencia causas penales contra los adversarios de Trump basándose en pruebas sumamente endebles, a menudo por insistencia del propio Trump.
Varias de estas causas se han desmoronado, ya sea porque no lograron superar el umbral —habitualmente muy bajo— necesario para que un jurado investigador aprobara una acusación formal, o porque quienes investigaban el asunto claramente no pudieron aportar las pruebas necesarias.
Entre ellas figuran:
- Intentos fallidos de obtener acusaciones formales contra seis legisladores demócratas por decirles a militares y funcionarios de inteligencia que no obedecieran órdenes ilegales.
- Múltiples intentos fallidos de obtener acusaciones formales contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
- Un intento fallido de obtener una acusación formal contra Cassidy Hutchinson, testigo de la investigación sobre el 6 de enero.
- Causas contra James y el exdirector del FBI James Comey que fueron desestimadas. (Posteriormente, Comey volvió a ser acusado formalmente en dos ocasiones, en causas que suscitan escepticismo entre expertos legales).
- Una serie de intentos fallidos de emprender acciones legales contra adversarios de Trump, como el senador de California Adam Schiff y Lisa Cook, integrante de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, por supuestas irregularidades hipotecarias.
- Una investigación penal, posteriormente abandonada, contra el entonces presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por sobrecostos en una renovación de las instalaciones de la institución.
Y, aunque los aliados de Trump han acusado al gobierno de Biden de promover procesos judiciales por motivos políticos contra Trump, existen muchas más pruebas de que Trump impulsó estas investigaciones que de que el expresidente Joe Biden participara en las gestiones para que se acusara formalmente a Trump.
Se trata de investigaciones penales, no de supervisión del Congreso. Pero incluso en el ámbito de las investigaciones legislativas, resulta difícil para los republicanos afirmar que no han hecho aquello que el gobierno de Trump advierte a los demócratas que no deben hacer.
De cara al previsto enfrentamiento electoral de 2024 entre Trump y Biden, los republicanos de la Cámara de Representantes iniciaron una investigación de juicio político contra Biden que incluyó repetidas exageraciones de las pruebas de supuesta corrupción en la “familia criminal Biden”. Uno de sus principales ataques contra Biden se basaba en una afirmación no verificada de un informante del FBI que más tarde se declaró culpable de haberla inventado.
Finalmente, los republicanos ni siquiera lograron reunir suficientes votos de sus propios legisladores para formular cargos de juicio político contra Biden, pese a no necesitar votos demócratas. Por tanto, la investigación nunca cumplió ningún propósito legislativo concreto: precisamente el límite que el Gobierno de Trump intenta ahora marcarles a los demócratas.
Durante esa misma legislatura, los republicanos también crearon una comisión especial para investigar la supuesta utilización del gobierno de Biden como arma política. Esa comisión también exageró enormemente las pruebas de irregularidades y terminó sin resultados relevantes.
Aun así, la postura dura adoptada por el Gobierno de Trump en los últimos días tiene, al menos, cierto sentido político. En teoría, el Gobierno podría generar confusión al argumentar que los demócratas actúan con un celo excesivo en su intención de fiscalizar al Ejecutivo.
Pero las encuestas han sugerido que los estadounidenses perciben la diferencia entre cómo demócratas y republicanos han abordado estas cuestiones.
Aunque la mayoría de los estadounidenses consideró legítimas las acusaciones formales contra Trump, los sondeos del año pasado mostraron que, por márgenes de dos dígitos, predominaba la opinión de que las causas contra sus adversarios estaban politizadas y eran ilegítimas.
Los estadounidenses también tenían una opinión bastante negativa de la investigación de juicio político contra Biden. Y una encuesta de principios de 2023 mostró que, por un margen de 20 puntos, predominaba la opinión de que la comisión republicana sobre la utilización del Gobierno como arma política era, en gran medida, “solo un intento de obtener rédito político”.
En la actualidad, los estadounidenses consideran que hay numerosos asuntos que vale la pena que investigue el Congreso controlado por los demócratas.
Encuestas recientes indican que cerca de dos tercios de los estadounidenses opinan que Trump utiliza la presidencia para enriquecerse y que ha obtenido beneficios de manera indebida. Además, un sondeo de AP-NORC realizado antes de las elecciones reveló que 6 de cada 10 estadounidenses querían que el próximo Congreso hiciera de la investigación del Gobierno de Trump una prioridad.
Por supuesto, es posible que los demócratas vayan demasiado lejos: solo el 36 % quería que esa fuera una de las máximas prioridades del partido. Pero no faltan asuntos concretos que podrían investigarse y producir resultados.
Y eso es lo que parece temer el Gobierno de Trump.
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